Permisología: menos burocracia, más voluntad política

Vanessa Facuse Andreucci

Mucho entusiasmo y esperanza ha generado el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca simplificar trámites y tiempo de respuesta de los permisos para desarrollar proyectos y actividades, y de esta forma promover las inversiones y mejorar la productividad del país.  Como ha dicho el ministro Marcel, lo que debe esperar un proyecto de inversión "casi desespera".

Entre las iniciativas sobresale la creación de una plataforma de ingreso y seguimiento de los permisos; las normas que habilitan a los servicios a otorgar autorizaciones cuando han transcurrido los plazos para contar con informes vinculantes (silencio positivo); y la posibilidad de prescindir de informes sectoriales, cuando ellos no son indispensables para emitir un permiso.

Si bien se constata que otra causa de la demora de permisos se produce lisa y llanamente por falta de coordinación entre los órganos del Estado, la solución que se propone parece alejarse de la eficiencia. La creación de más burocracia no siempre ayuda. Ese es el caso del “Comité de Subsecretarias y Subsecretarios para la Regulación y Evaluación Sectorial”, que tendrá por objeto la coordinación y colaboración de catorce entidades vinculadas al otorgamiento de autorizaciones y el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adoptados.

Tal medida genera una señal errónea y peligrosa a las actuales autoridades. No se requieren más leyes ni más instituciones. Ya existe la obligación de coordinarse entre los organismos públicos sólo se deben generar las instrucciones y los incentivos correctos para que los servicios tramiten de manera ágil las autorizaciones y soslayen la inacción imperante, priorizando las necesidades de los administrados.

Para enfrentar este asunto de forma seria y urgente, un modelo que replicar es el que se utilizó para implementar la Ley de Transparencia, con un encargado por servicio responsable de dar respuesta a las solicitudes, sometido a la posibilidad de sanción en la que el jefe de Servicio responda con su cargo o con multas.

Otra opción es la inclusión de indicadores de desempeño asociado a bonos por cumplimiento de metas, lo que incluso garantiza la continuidad de la labor pública más allá del subsecretario de turno.

Una tercera posibilidad apunta a potenciar la institucionalidad vigente. El Ministerio de Economía cuenta con unidades encargadas de hacer seguimiento y facilitar la tramitación de autorizaciones para proyectos de inversión (Oficina de Grandes Proyectos, GPS), así como una sección encargada de levantar recomendaciones de modificaciones normativas (División de Competencia y Mejoras Regulatorias). Parece más simple fortalecer ambas entidades, dotándolas de más recursos y facultades para lograr una gestión eficaz.

Urge adoptar desde ya medidas de coordinación efectiva entre los organismos utilizando los mecanismos existentes, sin esperar una ley, con gestión y voluntad política de parte del Estado. Esto requiere decisión, una orden clara del Presidente Boric y la voluntad de hacer responsables de las consecuencias a los ministros, subsecretarios y jefes de servicios que no la cumplan. Sin eso, sólo habrá más “reuniones de coordinación”.

Vanessa Facuse Andreucci

Socia, Bofill Escobar Silva, fundadora Red Procompetencia